Derecho de petición

El derecho de petición es el derecho fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre ellas. Está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y, por tratarse de un derecho fundamental, su regulación exigió una ley estatutaria: la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Título II de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y es hoy la norma de referencia para cualquier pliego o procedimiento de atención al ciudadano.

La ley fija el contenido mínimo de una petición escrita —autoridad a la que se dirige, identificación del peticionario, objeto, razones en que se apoya, documentos que se anexan y firma— y al mismo tiempo prohíbe usar esa lista como barrera: la autoridad debe examinar integralmente la petición y en ningún caso puede estimarla incompleta por falta de requisitos o documentos que no exija el marco jurídico vigente. Si de verdad falta algo, debe requerirlo dentro de los diez días siguientes; el peticionario tiene un mes para completarla, y solo entonces opera el desistimiento tácito. La petición puede presentarse verbalmente o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo, incluidos los electrónicos.

En la práctica esto se traduce en obligaciones verificables: recibir sin imponer formatos, radicar dejando constancia de fecha, responder dentro del término que corresponde a cada modalidad, resolver de fondo lo pedido y no otra cosa, y remitir a la autoridad competente en cinco días cuando la petición llegó a la entidad equivocada. La falta de atención a las peticiones y a sus términos constituye falta disciplinaria para el servidor responsable.

El error frecuente está en la palabra «resolución». Responder no es acusar recibo ni informar que «se está tramitando»: la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado, y debe ponerse en conocimiento del peticionario. Una respuesta evasiva dentro del término vale, jurídicamente, lo mismo que ninguna respuesta — y la tutela por violación del derecho de petición es una de las más frecuentes del país precisamente por eso.

En una plataforma de procesos el derecho de petición deja de depender de la memoria de un funcionario: cada petición es una instancia de proceso con su modalidad, su término calculado, su responsable asignado y su respuesta ligada como evidencia — y el reporte de cumplimiento se consulta sobre la operación real, no se reconstruye a mano cuando llega el requerimiento del ente de control.