Ley Antitrámites

«Ley Antitrámites» es el nombre con que se conocen, en conjunto, las normas que ordenan racionalizar la relación entre el ciudadano y la administración. Son al menos tres generaciones: la Ley 962 de 2005, que fijó los principios de la racionalización y creó el SUIT; el Decreto Ley 019 de 2012, que suprimió y reformó regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en toda la administración; y el Decreto Ley 2106 de 2019, que profundizó la simplificación y la digitalización, del Portal Único a la supresión de exigencias concretas. Cuando un pliego dice «la Ley Antitrámites», conviene preguntar a cuál de las tres se refiere — o citarlas por su número.

Su núcleo común cabe en tres reglas. La administración no debe exigir a las personas documentos o información que ya reposan en las entidades del Estado. Todo requisito exigible debe tener soporte legal e inscripción en el registro oficial de trámites. Y el trámite existe para el ciudadano, no el ciudadano para el trámite: lo que pueda suprimirse se suprime, lo que pueda simplificarse se simplifica, y lo que pueda hacerse por medios electrónicos no debe exigir presencia.

En la práctica, estas normas convierten decisiones de diseño de software en cuestiones de legalidad. Un formulario que pide el certificado que otra entidad expide contradice la primera regla — la respuesta técnica es la interoperabilidad. Un requisito que nadie sabe de dónde salió contradice la segunda — la respuesta es contrastar el proceso contra el SUIT. Una exigencia de presentarse en ventanilla para algo que el sistema podría resolver contradice la tercera.

El error frecuente es tratar la norma antitrámites como una campaña y no como un criterio de diseño permanente: se hace la jornada de simplificación, se recorta el mapa del trámite, y el sistema que lo soporta sigue pidiendo lo mismo de siempre porque nadie tocó el formulario. La racionalización que no llega a la configuración del sistema no llegó al ciudadano.

En una plataforma de procesos, el criterio antitrámites se vuelve verificable: cada dato que el trámite pide declara su origen —el ciudadano, otra actividad o la consulta interoperable a la fuente oficial—, cada requisito remite a su fundamento, y eliminar una exigencia es un cambio de configuración versionado, no un proyecto de desarrollo.