Glosario

Habilitadores de la Política de Gobierno Digital

También llamado: habilitadores transversales · habilitadores de gobierno digital

Las capacidades transversales que el Decreto 767 de 2022 exige a toda entidad — entre ellas la arquitectura, la seguridad y privacidad de la información y los servicios ciudadanos digitales.

Los habilitadores de la Política de Gobierno Digital son las capacidades transversales que el Decreto 767 de 2022 ordena desarrollar a los sujetos obligados: los cimientos que, acompañados de lineamientos y estándares, permiten lograr los propósitos de la política y generar valor público en un entorno de confianza digital. No son proyectos que se terminan sino capacidades que se sostienen, y por eso atraviesan cualquier iniciativa tecnológica que la entidad emprenda.

Entre ellos están la arquitectura — el decreto ordena desarrollar capacidades de fortalecimiento institucional implementando el enfoque de arquitectura empresarial en la gestión y gobierno de las tecnologías, instrumentado por el MRAE—; la seguridad y privacidad de la información, desarrollada en el modelo MSPI de MinTIC; y los servicios ciudadanos digitales del Decreto 620 de 2020, con sus tres servicios base. Cada habilitador tiene sus propios instrumentos técnicos, que MinTIC actualiza — razón de más para citarlos con versión.

En la práctica, los habilitadores funcionan como criterios de evaluación de cualquier proyecto de tecnología pública: un sistema nuevo debe encuadrarse en la arquitectura de la entidad, cumplir los lineamientos de seguridad y privacidad, e integrarse a los servicios ciudadanos digitales en lugar de duplicarlos. Un pliego bien estructurado los convierte en requisitos verificables, no en un párrafo de contexto.

El error frecuente es tratarlos como capítulos independientes que cada área cumple por su lado: TI responde por la arquitectura, seguridad por el MSPI, atención al ciudadano por los servicios digitales — y ningún proyecto los integra. Los habilitadores son transversales precisamente porque el mismo trámite necesita los tres a la vez: nace en una arquitectura, corre con seguridad y se entrega por los servicios comunes.

En una plataforma de procesos, esa integración es estructural: el trámite implementado pertenece a una capacidad de la arquitectura, hereda los controles de seguridad y acceso de la plataforma, y se conecta a la autenticación y la interoperabilidad del Estado como actividades de su flujo — los tres habilitadores en un solo objeto gobernado.

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